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Un día en el Cervantes

Desde octubre de 2015, todos los extranjeros que se quieran nacionalizar deben pasar un examen diseñado y gestionado por el Instituto Cervantes.

Texto: Laura Caorsi
Fotografía: Adrià Fruitos

¿Cuánto sabes sobre España? ¿De verdad controlas el idioma? Probablemente, desde que estabas en el instituto nunca te has hecho estas preguntas ni tienes necesidad de darles respuesta ahora.

A menos, claro, que seas extranjero y quieras obtener la nacionalidad. Porque, en ese caso, además de cumplir con unos cuantos requisitos legales, hacer un buen puñado de trámites y ejercitar la paciencia, te tocará estudiar y aprobar un examen. O dos, según cuál sea tu país de nacimiento.

—Esto empieza a las 18:00, ¿verdad?
—Sí.
—¿Y son 45 minutos?
—Sí.
—¿Es como un test?
—Tranquilos, no os preocupéis, que ahora os explican cómo es la prueba. Tenéis tiempo de sobra.

La cola es larga y está salpicada de dudas. Alrededor de cincuenta personas de distintas nacionalidades esperan para entrar en la sala donde tendrá lugar la evaluación. Falta media hora para comenzar y ya hay cierto nerviosismo flotando en el ambiente de este Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) gestionado por la asociación La Rueca. La estampa no es excepcional. Desde hace casi dos años, la misma escena se repite el último jueves de cada mes en varias ciudades del mundo. Este centro es uno de los cerca de 930 en los que se puede realizar el examen. En Madrid hay más de una veintena.

“Yo vine por mi hijo. Es médico y lleva más de siete años viviendo en Madrid”, dice Cándida, una mujer dominicana ya jubilada que llegó a España hace dos años y medio. “Mi hijo quería tenerme más cerca, pero es tan… recto, tan legalista, que no le alcanzaba con reagruparme. Insistió mucho en que debía obtener la nacionalidad. Por eso estoy acá”.
—¿Está nerviosa?
—No. He pasado todo el mes preparándolo y mi hijo se ha pasado todo el mes llamándome para saber si estaba estudiando. ¡Estoy deseando hacer la prueba de una vez!

La prueba a la que se refiere Cándida es la de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), una evaluación obligatoria desde 2015. Como procede de un país de habla hispana, es el único examen al que debe presentarse. Si hubiera nacido en un país no hispanohablante, tendría que aprobar también uno de Lengua.

El examen cuesta 85 euros. El importe da acceso al material de estudio —un manual con 300 preguntas— y la posibilidad de presentarse dos veces. Las 25 preguntas que lo conforman se extraen de ese manual y van desde qué tipo de plato es una tarta de almendras o cuál es la profesión de Penélope Cruz hasta quiénes aprueban los proyectos de ley o a quién compete la enseñanza de las lenguas cooficiales.

La mayoría de las personas la definen como una prueba “bastante sencilla”, una apreciación que coincide con los datos. Según el Instituto Cervantes, que se encarga de su diseño y gestión, la media de candidatos aprobados es del 96%. Desde la primera convocatoria, en octubre de 2015, se han inscrito 124.874 extranjeros que han desembolsado más de diez millones y medio de euros por este trámite.

El examen es tipo múltiple opción y verdadero o falso. “Más allá de que algunas preguntas puedan ser un poco raras o estar planteadas de un modo confuso, la prueba sirve para unificar criterios y evitar que la valoración siga siendo tan subjetiva como era antes, cuando el ‘veredicto’ dependía de una entrevista personal y, en consecuencia, del entrevistador”, señala una de las personas que supervisa el desarrollo del examen.

“A mí me pasó justo eso —interviene Gloria—. Hice la entrevista en Parla, en 2013. Contesté a todo y me fue bien, pero me denegaron la nacionalidad. El entrevistador dijo que no estaba suficientemente arraigada, que no me había integrado en la sociedad y que solo había venido a España para trabajar una temporada y marcharme”. Gloria lleva diez años en Madrid. Es boliviana.

—Soy de Potosí.
—Nunca había conocido a alguien de Potosí.
—Hay muchas mujeres potosinas en España. Lo que pasa es que vienen aquí, se tintan el pelo y dicen que son de Santa Cruz. Piensan que así son mejores. Yo pienso que es muy triste avergonzarse de los orígenes.

En la ciudad de Gloria, alrededor del 65% de la población es indígena. Ella emigró cuando tenía 47 años, animada por su propia hija, y trabaja desde que llegó en la misma casa. “Tuve suerte porque me tocó gente muy buena —dice—. Cuando llevaba dos años en Madrid, tuvieron que operarme de la vesícula. La señora me dio quince días de baja y no me descontó nada del sueldo. También me hizo los papeles y tengo vacaciones para ir a Bolivia con mi hija y mis nietos… Estoy muy contenta aquí, por eso quiero la nacionalidad. Como me la denegaron, estoy recurriendo esa decisión. El abogado me aconsejó que hiciera esta prueba para demostrar arraigo”.

A diferencia de otros centros examinadores, este ofrece ayuda a quienes van a presentarse a la prueba. Durante dos sesiones de cuatro horas, repasan las preguntas, despejan las dudas y explican a las personas cómo es el mecanismo del examen.

Y es que “muchas de las personas que vienen aquí no han hecho un examen en su vida, no han tenido la oportunidad de estudiar”, indica la directora del centro, Laura Comes Cerezo. “También hemos incorporado clases de castellano para quienes tienen que hacer el examen de lengua. Ese examen no se hace aquí, pero pueden prepararlo con nosotros”, añade la trabajadora social.

Una de las personas que ha hecho hace poco la prueba de idiomas es Anetta, que emigró de Rumanía hace quince años y trabaja desde hace más de una década como guardia jurado en Madrid.

—¿Por qué se ha embarcado en esto si Rumanía forma parte de la Unión Europea? Usted puede vivir y trabajar aquí sin problemas.
—Sí, sí, soy de un país miembro de la Unión Europea, pero nunca se sabe. Mira todo lo que está pasando, el Brexit, cómo está Europa. Las cosas pueden cambiar y yo me quiero quedar. No tengo nada en Rumanía. Soy feliz en España.
—¿Ha estudiado para esta prueba?
—No. Es muy fácil. La difícil es la del idioma. Esa sí es complicada y muy larga, son como tres horas.

Tres horas, cuatro bloques, examen oral y escrito, y 124 euros. Así podría resumirse la prueba de Lengua, que exige a los candidatos aprobar un nivel A2. También podría decirse que es el punto donde empiezan los problemas. A diferencia de la otra, que está diseñada específicamente para una población extranjera con perfiles educativos diversos, la prueba de Lengua es la misma que utiliza el Instituto Cervantes con todas aquellas personas que están aprendiendo español, desde altos ejecutivos e hijos de embajadores hasta estudiantes de otras partes del mundo que tienen inquietudes académicas.

“Hemos presenciado muchas situaciones de impotencia. Hay gente que lleva muchos años viviendo y trabajando en España, que habla y entiende el idioma, pero no puede aprobar el examen porque no sabe escribir. Hay personas sin alfabetizar en su propia lengua”, explica Comes. “Aquí hemos tenido personas mayores, personas humildes de países como Bangladesh, que se han puesto a llorar, impotentes, diciendo que este filtro es injusto”, agrega.

En opinión de Comes, el dominio del idioma es fundamental para la integración social, “es una herramienta indispensable”. Sin embargo, al ver este tipo de escenas, se pregunta si no debería modificarse de algún modo la prueba. “No hace falta ir al extremo de quien no sabe escribir. Mira el examen —dice, sosteniéndolo en las manos—. El instrumento, en sí, es exigente y complejo. Hay que entender las premisas, pillar la correlación de datos… La complejidad va más allá de la lengua. No todo el mundo tiene la experiencia formal”.

“A mí, por suerte, solo me toca hacer el de conocimientos generales. Es duro ponerse a estudiar a mi edad. La cabeza no funciona como antes”, dice Cenaida, una mujer colombiana que trabaja en el sector de la limpieza. Lleva un par de muletas y la pierna escayolada.

—¿Qué le ha pasado en la pierna?
—Me caí, tengo una fractura. Ahora estoy de baja y aprovecho para hacer los trámites de la nacionalidad, estudiar y hacer el examen. No he podido hacerlo antes. Los trámites llevan mucho tiempo y nunca encontré un buen momento. Siempre los iba postergando porque hay que pedir días libres y eso no le hace mucha gracia a la señora.
—¿Trabaja en una casa de familia?
—Sí, estoy como interna.
—¿Y cuánto hace que vive en España?
—Diez años. Bueno… diez años en la casa. No salgo mucho, la verdad.
—¿Cree que esta prueba es difícil?
—No… Hay cosas que las sé porque veo mucha televisión. La televisión me hace compañía.

Se presentaron 52 personas en el turno de las 18:00, aunque no todas pudieron entrar. Una tenía el pasaporte caducado. “Me di cuenta esta mañana, cuando lo cogí. Como no lo uso para nada…”, explicaba con cierta amargura en la recepción, antes de preguntar si podía hacer la prueba de todos modos. La respuesta fue un no. El pasaporte y el NIE —número de identificación de extranjeros— deben estar en vigor. Como en un juego de mesa: casilla de salida y vuelta a empezar.

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