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El Gobierno utilizará el superávit eléctrico para pagar las sanciones por recortar las renovables. Foto: David Fernández

El Gobierno destinará el superávit del sector eléctrico a pagar las sanciones por recortar las renovables

El recorte en las ayudas a las renovables causó una lluvia de demandas al Gobierno español a un tribunal de arbitraje internacional. En los presupuestos aprobados ayer, dos meses después de la primera multa, el Gobierno anuncia que utilizará el superávit del sistema eléctrico para pagar esas sanciones.

Texto: Yago Álvarez
Foto: David Fernández

Hace menos de dos meses, y en medio de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial encargado de mediar en las demandas de empresas a estados en caso de cambiar legislaciones que puedan dañar sus beneficios de la misma manera que el controvertido ISDS, multaba al Gobierno a pagar 128 millones de euros a un fondo de inversión por el recorte a las renovables. Esta multa abre una peligrosa jurisprudencia que puede desbocar en multas millonarias en los próximos años.

En 2010, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero recortó de un plumazo las ayudas a las energías renovables que habían llevado al sector a ser punteros a nivel internacional y a desarrollar un enorme parque energético renovable. Tras entrar en la Moncloa el Partido Popular, lo que parecía un recorte temporal se convirtió en una suspensión total de las ayudas antes prometidas. Este hecho llevó a la ruina a muchos inversores, nacionales y extranjeros, que habían invertido en el desarrollo de plantas eólicas o termosolares.

En diciembre de 2013, el fondo de inversión británico Eiser Infrastructure y a su filial Energía Solar Luxemburg demandaron al Gobierno español por estos recortes. La demanda exigía el pago de 300 millones de euros más intereses por el lucro cesante ocasionado al realizar un recorte en unas ayudas que ya estaban estipuladas. El tribunal ha determinado que se tiene que pagar a la empresa 128 millones más intereses. Pero no es la única empresa denunciante. El CIADI está procesando una treintena de denuncias más por este mismo motivo. “Las empresas españolas ocupan el quinto lugar en el ranking de las multinacionales que más demandas han interpuesto ante el CIADI y, a la vez, España es el tercer país del mundo con más demandas de arbitraje en su contra ante ese mismo tribunal”, explica Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) e integrante de Ecologistas en Acción.

La jurisprudencia que crea esta sentencia contraria al Gobierno español puede que atraiga nuevas demandas de empresas que desistieron de hacerlo debido a no querer o poder afrontar los costes del proceso, pero que ahora ven una nueva puerta abierta para recuperar con intereses lo invertido. “Conglomerados de multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria y una arquitectura jurídica global que favorece los intereses de las empresas transnacionales, para reclamar el lucro cesante”, denuncia Ramiro.

El recorte ilegal del Gobierno a las renovables y que la justicia española nunca condenó, va a ocasionar un aluvión de multas millonarias en los próximos años

Por todo ello, el recorte ilegal hecho por parte del Gobierno y que la justicia española nunca condenó, va a ocasionar un aluvión de multas millonarias en los próximos años. El Partido Popular busca desesperadamente fuentes de ingresos para estas sanciones y ha aprobado la disposición adicional centésima décima novena en los PGE que explica que en 2017 “los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios referidos a normativa del sector eléctrico”. Mediante esta acción, el Gobierno se salta sus propias reglas sobre el uso del superávit y lo deriva al pago de demandas judiciales en vez de para pagar la deuda generada por ese mismo sector energético. “Es inadmisible que cuando se está impidiendo la utilización del superávit en las cuentas públicas para financiar partidas sociales, porque se está situando el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración socioeconómica, en base a la constitucionalización del pago de la deuda mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, se salten su propia regla precisamente para indemnizar a las multinacionales que han demandado a España ante tribunales internacionales de arbitraje”, explica Ramiro.

Cote Romero, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explica que esta “nueva vuelta de tuerca plasmada en el BOE demuestra que la política energética española carece de planificación estratégica. A la incertidumbre y profusión regulatoria a las que nos tienen acostumbrados en un sector estratégico, hay que sumarle, que las demandas internacionales, causadas por una chapuza normativa sin parangón en un estado de derecho, tendrán preferencia de cobro frente a cualquier otra contingencia”.

“Llama la atención que con todos los problemas relacionados con el sector eléctrico, incluida la falta de acceso a la electricidad de muchas familias, se decida utilizar el superávit del sistema para pagar unas sanciones provocadas, no solamente por la lamentable política energética del Gobierno, sino también por la inoperancia y falta de independencia del poder judicial, que debería haber resuelto el conflicto en nuestro país, evitando así la actuación de unos tribunales de arbitraje de dudosa legitimidad”, lamenta Pablo Cotarelo, experto en energía e integrante de la cooperativa Ekona. En este sentido, Ramiro sentencia que “ se trata de una normativa que, una vez más, a quien beneficia es a las grandes eléctricas de matriz española, que aseguran su cuota de mercado y protegen sus intereses desde la legislación nacional e internacional”.

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