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La rebelión de Ávila contra la minería de feldespato

Varios proyectos de minería a cielo abierto se están tramitando en tierras abulenses. La sociedad civil se organiza contra la extracción de feldespato y las consecuencias que esta tendrá contra las poblaciones afectadas en las sierras de Ávila y Yemas y el valle del Corneja.

Texto: Félix Jiménez
Fotos: Félix Jiménez, Plataforma contra la mina en sierra de Ávila

El pasado 13 de mayo unas 5.000 personas se manifestaron por el centro de la ciudad de Ávila contra los proyectos mineros de extracción de feldespato que desde hace unos meses acechan a una parte de la provincia. La movilización fue la mayor llevada a cabo en la capital desde la de los atentados del 11-M, algo que consiguieron tres plataformas convocantes asentadas en zonas rurales poco pobladas: la sierra de Ávila, la de Yemas y el valle del Corneja.

La movilización de mayo ha sido la más numerosa hasta la fecha, pero ni mucho menos la única. Desde el pasado diciembre han salido a la luz varias concesiones mineras, hasta sumar más de 30, que cubren buena parte de la zona central de la provincia. En dos de ellas, la empresa Hormigones Sonsoles ya ha iniciado los trámites para realizar las prospecciones previas a la licencia de explotación. Se trata de la de la sierra de Yemas, donde se recogieron 9.000 alegaciones contra la explotación, y la del valle del Corneja, en la que se presentaron 4.500 recursos de alzada al haberse dado ya la autorización para realizar las catas.

Sobre el terreno

A la puerta de la dehesa de Gorría, a unos centenares de metros de los pueblos de Valdecasa, Narrillos del Rebollar y Balbarda, charlamos con Sara de la Paz, portavoz de la Plataforma contra la mina en sierra de Ávila, la primera que se creó allá por el mes de octubre. La pintada “Mina no” que se lee en el asfalto de la carretera se suma a los muchas pancartas que desde hace meses dan colorido a los pueblos colindantes al proyecto.

A un kilómetro escaso de donde está previsto instalar la cantera de extracción de feldespato, De la Paz explica cómo esperan desde hace meses el resultado de la declaración de impacto ambiental. “El contacto con la sección de minas de la Junta de Castilla y León en Ávila ha resultado caótico y poco transparente desde el primer momento”, cuenta. Consideran que el informe realizado en su día por la Confederación Hidrográfica del Duero las da la razón, puesto que detecta deficiencias en el estudio de la empresa en lo que se refiere al dominio público hidráulico, las aguas subterráneas o los vertidos, además de señalar que carece de autorización para la captación de aguas superficiales o subterráneas.

La I Ruta Salvemos la Sierra de Ávila congregó a centenares de vecinos.

La I Ruta Salvemos la Sierra de Ávila congregó a centenares de vecinos.

El proyecto de sierra de Ávila es el único que está en fase de tramitación de la licencia de explotación: si la Junta diera el visto bueno, la empresa podría iniciar su actividad y a la Plataforma solo le quedaría acudir a los tribunales.

En la sierra de Yemas, a unos 20 kilómetros en línea recta del cerro Gorría, la oposición al proyecto que la amenaza ha conseguido anticiparse a la fase de investigación. El proyecto Riofrío 1146, que afecta a esta zona, comprende 53 cuadrículas mineras ocupando más de 1.500 hectáreas.

Cabañas, anejo del municipio de Riofrío, situado dentro de las propias cuadrículas, está en el epicentro del conflicto entre los proyectos de canteras de feldespatos y quienes se oponen a ellas.

A pesar de estar en peligro de despoblación, el pueblo está sorprendentemente vivo un lunes por la mañana. Todo el que pasa junto a quien realiza este reportaje muestra su rechazo al proyecto. Luis Muñoz enseña la carta que le ha escrito al Rey y la respuesta que ha recibido remitiéndole a la Junta de Castilla y León, que es quien tiene competencias. María Teresa Salvador, que fue alcaldesa pedánea durante 8 años, defiende enérgicamente que quienes allí viven deberían tener los mismos derechos que la población de las grandes ciudades mientras cuenta orgullosa los logros que los propios vecinos han ido consiguiendo durante años. Nicomedes nos lleva en su todoterreno a la lancha de Navagarrera, desde donde él y Florencio muestran las magníficas vistas de la ciudad de Ávila y del valle Amblés, zonas que se verían afectadas por el impacto visual y la contaminación del aire.

Según los vecinos, este proyecto pone en peligro su modo de vida, la ganadería y el propio pueblo, que podría quedar a 200 metros de las canteras.

Amenaza difusa

Si las sierras de Ávila y Yemas se encuentran a escasa distancia de la capital, el valle del Corneja, cuna de la tercera de las plataformas, se halla a unos 50 kilómetros al oeste. Allí tienen experiencia en la lucha por la defensa del territorio: hace años consiguieron parar un proyecto de extracción de aguas de la empresa Bezoya. Entonces fue más fácil identificar a quien los amenazaba, cuenta Víctor Orgaz, quien explica cómo la empresa concesionaria de las explotaciones del Corneja y Yemas, Hormigones Sonsoles, que tiene múltiples deudas y cuya apoderada es familiar del delegado de la Junta en Ávila, probablemente no sería la que las explotaría finalmente. “Seguramente se trata de una empresa pantalla que quiere especular con los derechos mineros”, explica. También denuncia que “ya existe una cantera en la zona, la de Peñas Coloradas, que fue explotada por esa misma empresa y fue abandonada sin realizar la restauración ambiental que exige la ley”.

Las pancartas contra la minería son omnipresentes en los pueblos de la zona afectada.

Las pancartas contra la minería son omnipresentes en los pueblos de la zona afectada.

Bonilla de la Sierra fue lugar de veraneo de los obispos de Ávila y el patrimonio que atesora así lo atestigua. A pesar de este pasado, hoy viven poco más de medio centenar de personas en la villa, según relata Víctor bajo el pórtico de su plaza. Él se vería directamente afectado, puesto que es apicultor en la zona aunque reside y trabaja en Ávila. Un vecino que llega en su todoterreno critica a los alcaldes de los cinco municipios afectados, a los que acusa de haber ocultado información sobre el proyecto. Víctor trata de convencerle de que en esta lucha tienen que estar todos juntos, aunque cuando se marcha su interlocutor apunta que los alcaldes no dieron la voz de alarma ante este proyecto, si no que se limitaron a comunicarlo en el tablón de anuncios, como si fuera un trámite cualquiera, y que eso ha molestado mucho a los vecinos.

Luis Orgaz es alcalde de Tórtoles desde hace 25 años. Recibe a El Salto en su casa junto a mujer. Es ganadero y las minas le perjudicarían como al resto de vecinos, por eso se opone a ellas y se defiende de las acusaciones de no haber hecho lo suficiente alegando su desconocimiento inicial de la magnitud del problema. Asimismo, se muestra optimista con respecto a este tema ya que cree que al final el proyecto de mina no saldrá adelante.

En Tórtoles también nos recibe Carmen Delgado, que tiene cuatro casas rurales en el pueblo. “La existencia de una mina afectaría de lleno a este negocio y a la ganadería”, la otra fuente de riqueza del pueblo, explica. También cuenta el proceso de formación de la plataforma que consiguió presentar más de 4.500 recursos de alzada en un mes, al haber concluido el proceso de alegaciones.

Ley de Minas

La crítica a la Ley de Minas es un común a todas las organizaciones contrarias a los proyectos de explotación minera en Ávila. “Además de su aprobación preconstitucional, entendemos que plantea doctrinas muy cuestionables”, remarca Javier Andaluz, integrante de Ecologistas en Acción. Entre ellas, destaca “las concesiones derivadas de permisos de investigación, que permiten iniciar las catas sin ningún criterio ambiental, como sucede en Ávila”. También habla de las facilidades dadas para la expropiación al predominar la propiedad estatal del subsuelo –algo que en realidad ejercen las empresas concesionarias– sobre la propiedad del suelo, dedicado fundamentalmente a ganadería en estos casos.

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Protesta en Ávila, el pasado mayo.

Andaluz señala, además, que la subida del precio de todos los minerales ha generado un proceso especulativo fomentado por algunas comunidades autónomas como Castilla y León, que aprobó en enero de este año un plan estratégico sobre minería que en algunos apartados es “un auténtico manual de instrucciones para que las empresas interesadas en lograr la explotación puedan superar los trámites legales”. También recalca que “el feldespato es un material muy abundante en la corteza terrestre y que se han elegido zonas con menor población y que, a priori, podían presentar menor resistencia”. Por último, señala el conflicto existente entre estos proyectos y la política de protección de la Unión Europea, organizada a través de la Red Natura 2000, pues algunas de las explotaciones previstas afectarían sin duda a espacios protegidos muy próximos.

Despoblación rural y penetración de empresas

Valetín Cabero, geógrafo de la Universidad de Salamanca y experto en despoblación rural señala que “las circunstancias de abandono y de crisis del mundo rural y serrano favorecen la penetración de estas empresas –en relación a estos proyectos mineros– y las nuevas formas de apropiación de los recursos naturales”. Asimismo, señala como muy negativas las consecuencias de estos proyectos, “cuya presencia supone un cambio radical de los géneros de vida que han modelado durante siglos estos paisajes agroganaderos”.

Para Cabero, los efectos negativos de la despoblación solo pueden mitigarse “con unas políticas de choque que comprometan al conjunto de la sociedad en el mantenimiento del tejido rural y de sus recursos públicos y estratégicos, lo que implica un cambio de paradigma en las relaciones actuales campo-ciudad”.

“Las estrategias de lucha contra la despoblación pasan directa o indirectamente por una mirada distinta hacia el mundo rural y por unas políticas de desarrollo rural verdaderamente activas y persistentes”, señala el geógrafo. Y aunque los principios y las estrategias quedan bien recogidas en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, “la ausencia de presupuestos y de sensibilidad para la aplicación de los recursos y medidas previstas en dicha ley han incrementado el pesimismo sobre el futuro económico y demográfico de las comarcas agrarias más desfavorecidas”, finaliza el experto.

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