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Varias personas en una protesta en la EMSV. / Álvaro Minguito

El Ayuntamiento de Madrid pide paralizar los desahucios de la EMVS

Marta Higueras propone suspender los lanzamientos de vivienda pública municipal. Algunas voces dentro del movimiento por la vivienda ven en este gesto un cambio de rumbo en las políticas municipales.

Texto: Patricia Reguero
Fotografía: Álvaro Minguito

Suspender los procesos de lanzamiento o desalojo en viviendas propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “desde este momento y hasta nueva indicación”. Es la propuesta de la primera teniente de Alcaldía y concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras que, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento, pasará por el primer consejo de administración de la empresa municipal del mes de septiembre. La propuesta se ampara en un informe en el que se justifica la petición de proceder a la suspensión temporal de los procedimientos de lanzamiento y que pide, además, instar a las administraciones implicadas a adoptar las medidas para garantizar una vivienda adecuada para familias en situación de vulnerabilidad.

En concreto, la medida podría afectar a 67 pleitos que la EMVS tiene en curso. El Ayuntamiento reconoce la “situación de precariedad económica y laboral de gran parte de los ocupantes”, por lo que “es previsible que no dispongan de recursos para hacer frente a un alojamiento en el mercado libre”. Los datos del Ayuntamiento son claros al respecto: de los 17.000 inscritos en la EMVS para solicitar una vivienda, 9.000 cuentan con ingresos inferiores a 0’75 IPREM (lo que supondría, en el caso de una familia de cuatro miembros, unos 600 euros). Se trataría, según fuentes municipales, de una paralización sobre procedimientos de usurpación con la intención de que quienes ocupan la vivienda puedan acreditar que cumplen los requisitos para habitar en una vivienda de protección pública.

El escrito pide además “que se tramiten las iniciativas legislativas oportunas”. Es decir, recoge la sensibilidad de la Iniciativa Legislativa Popular que la Coordinadora de Vivienda y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales presentaron en mayo en la Asamblea de Madrid con el respaldo de 76.000 firmas.

Concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a los juzgados. / Álvaro Minguito

Concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a los juzgados. Foto: Álvaro Minguito

El documento utiliza también como justificantes de su propuesta el derecho a una vivienda digna que recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Constitución española, un gesto que algunos integrantes del movimiento por la vivienda interpretan como un guiño tras los sucesivos desencuentros que se han producido a lo largo de la legislatura.

Desde la Coordinadora, algunas voces ven en este escrito un cambio de rumbo en la política municipal de vivienda. Integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) creen que, aunque el número de personas afectadas sea simbólico, es positivo que el equipo de Gobierno asuma los presupuestos del movimiento después de que el Ayuntamiento incumpliese la promesa de paralizar desalojos de la EMVS.

Una medida insuficiente

Sin embargo, la postura no es compartida. Desde la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), también integrada en la Coordinadora, Angelines Díaz explica que este gesto del Ayuntamiento no supondrá de hecho un giro en las políticas de vivienda. “La paralización que pide es cautelar, es decir, hasta el 15 de septiembre”, explica Díaz, muy crítica con la gestión de Higueras. “No solo no nos parece un giro, sino que seguimos viendo cómo la paralización de los desalojos que anunció Manuela Carmena no se está produciendo”, asegura a El Salto.

Integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una protesta para defender sus cinco medidas. / Álvaro Minguito

Integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una cacelorada de protesta. Foto: Álvaro Minguito

La activista cree que este escrito responde a la presión que han ejercido los colectivos por el derecho a la vivienda y al impacto de casos recientes, como el de Lidia y Santi, acampados frente a la Junta Municipal de Carabanchel desde el pasado 19 de junio. “Son Lidia y Santi, pero también Pilar, Sara, y otros muchos”, explica Díaz, que espera poder mantener una reunión con el ayuntamiento en septiembre para, entre otros asuntos, aclarar qué es la “emergencia social” según el Consistorio.

Sobre la actuación de la EMVS, Díaz puntualiza que, cuando se produzca el sorteo previsto para septiembre, la entidad se quedará sin viviendas hasta que construya o compre nuevas. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha planteado una alternativa habitacional a varios distritos, a los que propone instalar viviendas prefabricadas en los barrios que puedan servir como solución temporal.

(Artículo actualizado el 9 de agosto)

 

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