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Almacén de gas Castor. Foto: Ecologistas en Acción

Juicio popular al proyecto Castor

Además de las causas abiertas en el juzgado de instrucción de Vinaròs y los tribunales Supremo y Constitucional, el proyecto Castor se enfrentará a mediados de junio a un juicio popular auspiciado por el OGD (Observatori del Deute en la Globalització) y en el que participan también la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Asociación de Afectados por la Plataforma Castor, que a su vez está personada como acusación particular en la causa del juzgado de Vinaròs.

El acto, que se celebrará el 17 de junio en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB),  pretende “enjuiciar todo el proceso del proyecto, de cómo fue planteado, construido y cómo se ha pagado la deuda, a la responsabilidad de los diferentes actores, Estado español, empresas promotora y ejecutoras, y Banco Europeo de Inversiones por financiar el proyecto”, según contaba Alfons Pérez a Diagonal (uno de los medios que forman El Salto) cuando el proceso era tan solo una idea. Para asistir es necesario completar un formulario de inscripción.

Ahora, con el proceso a punto de celebrarse,  desde ODG confirman que “el juicio es una denuncia de la financiación, pero también del impacto social y ambiental de un proyecto mal planificado y no legitimado por la población local”, en palabras de Blanca Bayas, coordinadora del mismo. “Nuestro objetivo no es finalista, sino de incidencia política, como parte de una campaña de denuncia contra este tipo de prácticas”, añade.

Inspirado en los procesos del Tribunal Permanente de los Pueblos, un foro permanente de denuncia para cuestiones que escapan la legalidad ordinaria, en el juzgado popular estarán David Fernàndez (ex-diputado de la CUP), David Bondia y Marco Aparicio, profesores de Derecho; Mónica Vargas, del Transnational Institute y la economista Miren Etxezarreta, miembro del seminario de economía critica Taifa.  Contarán además con testimonios de los afectados y varios informes periciales.

Castor, el almacén de gas que nunca fue

El proyecto Castor – un almacén de gas subterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona- fue paralizado en julio de 2014 a causa de la alarma social generada por los más de 300 seismos producidos en la zona desde septiembre de 2013, entre ellos uno de 4,2 en la escala ritcher el 1 de octubre de 2013. Aunque la empresa siempre negó la relación entre su actividad y los terremotos, un reciente informe del MIT lo confirma, como ya lo hicieran antes otras publicaciones científicas.

Aunque nunca ha entrado en funcionamiento (solo ha operado en fase de pruebas), su mantenimiento anual tiene un coste de casi 16 millones con cargo a las arcas públicas y destino Enagas. A esto hay que sumarle una indemnización de 1.350 millones a Escal- UGS (empresa participada a un 66% por ACS, la constructora de Florentino Pérez) por la renuncia a la concesión, más otros 295 por los años en que estuvo operando (y todo ello a pesar de tres recursos de inconstitucionalidad en marcha). En total, 1700 millones que están siendo pagados por los ciudadanos merced a un aumento de la factura del gas. De hecho, varias organizaciones – entre ellas la OCU o el OGD- denuncian que, una vez sumados los intereses, el coste total estaría entre los 3.400 y los 4.700 millones de euros.

 


Originalmente, el juicio popular, abierto al público, iba a celebrarse en la sede del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Sin embargo, la localización fue posteriormente cambiada al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), con asstencia sujeta a inscripción previa.  (Noticia actualizada a 2/06/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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